El "cheque-bebé" se amplia en algunos casos hasta 3.500 euros
La igualdad como base de convivencia y de vida Democratica y hacia una nueva transiccion.
La nueva norma obliga a informar a los arrestados de su derecho a solicitar el 'habeas corpus' y restringe los cacheos e identificaciones
Larioja.com / 28.09.2007
http://www.larioja.com/20070928/espana/interior-reforma-protocolo-detenciones-20070928.html
MELCHOR SÁIZ-PARDO
El Ministerio del Interior ha reformado el protocolo que regula la detención y custodia de sospechosos de actuaciones delictivas con el fin de evitar casos de malos tratos y abusos durante los arrestos y en dependencias policiales. La directiva cubre algunos vacíos legales existentes e introduce varias novedades, como restringir los cacheos e identificaciones callejeras y obligar a todos los agentes a que informen a los arrestados de su derecho a solicitar un 'habeas corpus', el control judicial de la detención. Entre otros extremos, la norma regula el uso de bridas de plástico y desoye la recomendación de
La instrucción 12/2007, de 27 páginas, recibió el visto bueno del secretario de Estado para
Derechos
Los guardias civiles y policías tendrán que leer los derechos a los detenidos en una lengua que el arrestado entienda. En las comisarías y cuarteles estarán disponibles «impresos de información de derechos en las lenguas más comunes». Hasta ahora, se consideraba suficiente la lectura de derechos en un idioma oficial español.
El capítulo de los derechos que deben conocer los detenidos se amplía con el del 'habeas corpus', de cuya existencia deben ser informados de manera expresa. Las dependencias policiales deberán tener impresos de solicitud a disposición de cualquier arrestado que «considere que su detención no está justificada legalmente o que transcurre en condiciones ilegales».
La directiva incluye también reglas estrictas sobre la asistencia letrada: la solicitud de un abogado será «inmediata» y si, pasadas tres horas, el letrado no hubiera aparecido se le volverá a llamar. De todas estas operaciones quedará constancia en un registro que hasta ahora no se usaba. Todo el procedimiento quedaba al criterio de los agentes responsables del arresto.
Los funcionarios estarán obligados a trasladar «de forma inmediata» a un centro hospitalario a cualquier detenido que asegure sufrir una lesión, aunque no sea visible. Si el arrestado estuviera bajo los efectos de estupefacientes o sufriera un trastorno mental también deberá ser llevado ante un médico antes de ir al calabozo. La directiva acaba con la discrecionalidad de los funcionarios a la hora de valorar los daños del arrestado, visibles o no visibles.
El arresto de menores merece un apartado especial. Los funcionarios deberán leer sus derechos a estos detenidos en «un lenguaje compresible y adecuado a su edad». Será obligatorio que sean «agentes especializados» los que interroguen al adolescente. Además, «la actuación policial evitará la estigmatización» del menor y con este fin los agentes no vestirán uniforme ni lucirán distintivos. El traslado y la reclusión de los menores siempre se hará por separado de los adultos.
Interior también quiere restringir al máximo los abusos durante las identificaciones callejeras. La norma fija que cualquier «documento oficial» será válido para certificar la filiación, no sólo el DNI, como ocurre en la actualidad. Sólo podrán ser conducidas a dependencias policiales para su identificación las personas que estén involucradas en delitos o que deban ser sancionadas, y siempre serán trasladadas al centro más cercano. Los ciudadanos tendrán «derecho a no informar de otros datos distintos a los necesarios para su identificación».
Uso de la fuerza
El «empleo de la fuerza» durante las detenciones es otro de los temas de preocupación. La directiva regula el uso de métodos coercitivos cuando exista un «grave riesgo para seguridad ciudadana, la vida del agente o la integridad física de terceras personas». Sólo se blandirán las armas «cuando exista un riesgo racionalmente grave» y, en ningún caso, se podrán usar armas no autorizadas.
El cacheo se acota en exclusiva a los casos de detenciones y ante «sospechosos potencialmente peligrosos» y se termina con la discrecionalidad de los funcionarios a la hora de decidir a quién inspeccionar en profundidad. Los agentes siempre «protegerán la dignidad del detenido» y harán el registro de la manera más «discreta posible». «Salvo urgencia», siempre serán funcionarios del mismo sexo los que cacheen, también en el caso de personas transexuales, recoge la directiva.
1.- Reformas del Código Penal propuestas por
El pasado 17 de Septiembre se celebró el acto de apertura del año judicial, en el cual se presentó
El artículo 9 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que en
En esta edición de
· Impago de pensiones. Habida cuenta de su configuración como delito semi-privado (exige denuncia del ofendido, que en cierta manera deja en manos de éste no sólo la iniciación del proceso sino su viabilidad al convertirse en parte esencial de la prueba con su declaración testifical) este delito corre el peligro de convertirse en una nueva versión de la "prisión por deudas". Se sugiere restringir la sanción penal a los incumplimientos de pensiones alimenticias para el cónyuge y los hijos, excluyendo el impago de la pensión compensatoria, susceptible de ser reclamada en vía civil, y cuya persecución penal podría contradecir el principio de "mínima intervención".
Violencia entre lesbianas, una realidad invisible
Otros amores que matan
xlsemanal.com / 02.09.2007
http://www.xlsemanal.com/web/firma.php?id_firma=4553&id_edicion=2367
Carmen Posadas
Ahora que tan tristemente de moda está el SAP (hay que ver cómo nos gustan las tontas siglas) o, lo que es lo mismo, el síndrome de alienación parental, me gustaría decir que el fenómeno, aunque parezca nuevo, es viejo como el mundo. Ya Eurípides, cinco siglos antes de Cristo, recogió una historia según la cual Medea, hija del rey Eetes, sacrificó a sus hijos para vengarse de Jasón, su marido y famoso héroe de los argonautas. Se cuenta que cuando él la abandonó por otra mujer, Medea degolló a sus dos hijos y, a continuación, exclamó ante sus cadáveres: «¡Oh, niños! Cómo habéis perecido por culpa de la locura de vuestro padre. Pero no os destruyó mi mano, sino su ultraje y su reciente boda».
Hay que decir, para hacer honor a la verdad, que Jasón era un tramposo y un mentiroso. En efecto, engañó a Medea ocultándole incluso que se había casado con Glauca (en esto de los desamores, ya se sabe, nadie es del todo inocente), pero no cabe duda de que la respuesta de Medea a sus engaños fue brutal, por no decir desquiciada. La historia sirve ahora para reflexionar sobre esos progenitores a los que, metafórica -o no tan metafóricamente-, no les importa sacrificar a sus hijos con tal de hacer daño a su ex pareja.
Sobre personas que utilizan la fácilmente manipulable personalidad de un niño para volverlos contra la que fue su pareja, sin importarles el daño que con ello ocasionan a sus hijos. El caso es grave y, recién ahora, gracias a varias sentencias judiciales, se comienza a hablar de sus
particularidades y de sus efectos. Sin embargo, a mí me gustaría ir un poco más allá y hablar de otro SAP o síndrome de Medea, mucho menos conocido. Me refiero a un fenómeno que se produce incluso dentro de familias bienavenidas. Entre parejas que viven juntas y que dicen quererse.
En este caso el SAP (empiezan a cargarme las siglas de marras, pero en fin) se manifiesta de un modo que parece casi inofensivo. «Esto que has hecho -dice por ejemplo una madre a su hijo- no se lo vamos a contar a papá; será un secreto entre nosotros, porque si llega a enterarse.». O bien: «No le digas a tu madre tal o cual cosa. Mejor que no lo sepa, ella no lo entendería; yo en cambio te comprendo y te apoyo». Piensan, quienes así actúan, que están ayudando a su hijos. Dicen (y tal vez lo crean con aparente buena fe) que su cónyuge es insensible a los problemas del hijo, o intolerante, o estúpido y de todo ello tienen que proteger al retoño. No se dan cuenta de que tales mensajes, en apariencia bien intencionados, esconden varios mensajes que no dicen nada bueno de ellos mismos. Para empezar, revelan una debilidad de carácter que precisa reforzarse monopolizando el cariño del hijo. Implican también que se rivaliza insanamente con la pareja y que por tanto existen por ahí muchos esqueletos en el armario. Pero significa además que ese padre o madre tan preocupado por `ayudar´ a su hijo y encubrir sus pequeñas travesuras, es tan manipulador como los progenitores que alienan a sus hijos alejándolos de su
ex pareja.
El fenómeno, aunque en menor escala, es exactamente el mismo y, por tanto, no baladí. Porque, también en este caso, intentando supuestamente hacerles un bien, se está haciendo un mal. El mensaje que ellos creen que recibe el niño es: «Yo te quiero y te comprendo mejor que él o ella». El que reciben en realidad es: «Tu padre o madre no te quiere» o «tu padre o madre es
tonto/ malo/ insensible». Sin embargo, como en esta vida siempre ha habido justicia -aunque sea sólo poética-, lo que ignoran todos los alienadores parentales es que, tanto en el caso de los ex cónyuges que manipulan a sus hijos tras un divorcio, como los que los alienan mínimamente con su «yo te quiero más», al final los perdedores serán ellos. Puedo decir por experiencia directa que es así. Y es que, como decía Oscar Wilde, los niños comienzan amando a sus padres, más tarde los juzgan, y raras veces los perdonan. Que lo sepan pues todos los `sapistas´ que con tanto ahínco se empeñan en emular a Medea.
Una «cárcel» para mujeres maltratadas
larazon.es / 31.08.2007
http://www.larazon.es/noticias/noti_soc36767.htm
La Casa Malva lleva sólo tres meses abierta en Gijón y ya han huido dos de las siete inquilinas de este centro de acogida para víctimas de violencia de género - Las mujeres, que debían divorciarse antes de ingresar, se quejan del trato recibido.
Paula Esparza
Madrid- Sólo tres meses en funcionamiento y ya han huido dos de sus siete inquilinas. La Casa Malva era un proyecto esperanzador. Sin embargo, el primer centro de atención integral a mujeres víctimas de la violencia de género, financiado con fondos públicos, ha fracasado en su objetivo. Las mujeres acogidas se quejan de que en la casa padecen las mismas «obligaciones, presiones y represalias» que tuvieron que soportar en sus antiguos hogares. Así lo ha hecho saber Josefa, la primera residente en marcharse del centro, para quien la Casa Malva no es más que una «cárcel de lujo».
Una cárcel compuesta por 20 apartamentos tutelados y un centro de atención, en la que vive María, nombre ficticio para una de las residentes del centro, que no ha querido desvelar su identidad por miedo a las represalias. Después de reunir el valor necesario para marcharse de su casa, María encontró en la Casa Malva un verdadero hogar. «Cuando ví el afecto con que me recibían todos me sentí muy aliviada».
«Sin embargo, enseguida, las cosas cambiaron y el trato empeoró muchísimo. Hasta el punto de que he llegado a creer que estaría mejor en mi casa, con mi marido», admite María. Y es que, según esta residente, las normas de la Casa han adquirido un tinte «carcelario». «Tenemos que estar todo el día dando explicaciones sobre a dónde vamos y con quién», explica María. «Al principio no le das importancia; incluso piensas que te vendrá bien contarlo. Sin embargo, luego te das cuenta de que necesitas intimidad»,
reconoce.
Requisito imprescindible
«Por otro lado -continúa María- no entiendo para qué trabaja tanta gente allí». «Una de las primeras residentes de la casa era una mujer con una deficiencia mental bastante grave. Ninguna de nosotras podíamos ayudarle porque no sabíamos cómo y los trabajadores no le hicieron ni caso. Al final, la mujer acabó regresando con su maltratador», cuenta María. Sin embargo, una de las normas que más ha llamado la atención desde que se hizo pública
fue la que obligaba a las residentes a divorciarse, como requisito para ingresar en el centro.
Esto fue lo que hizo que el grupo Popular del Ayuntamiento de Gijón se implicara en el caso, apoyando la denuncia de estas mujeres. Una de las principales involucradas en la denuncia es Pilar Fernández Pardo, portavoz del PP en el Consistorio de Gijón y senadora. «Cuando las residentes se pusieron en contacto con nosotros, después de que otras asociaciones no les
hubieran escuchado, solicitamos una visita al centro para comprobar que las denuncias de las afectadas eran ciertas y que existía ese contrato que obligaba a las mujeres a separarse», continúa.
Sin embargo, las residentes se marcharon de la Casa Malva con las manos vacías. «Lo único que encontramos fue un gran nerviosismo por parte de los responsables. No nos mostraron estos documentos y tampoco respondieron a nuestras preguntas», explica Fernández Pardo.
«Después de escuchar sus testimonios, pedimos explicaciones a los máximos responsables y a las personalidades políticas implicadas en el centro, como la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández, o la directora del Instituto de la Mujer, María Fernández, pero nadie dio la cara», explica la portavoz del PP. «También solicitamos una especie de auditoría externa y tampoco se llevó nunca a cabo», añade. «Así que enviamos una carta a la Procuradora General de Asturias y otra al Defensor del Pueblo y yo, como senadora, he solicitado la comparecencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales», explica la portavoz popular.
De momento, Cruz Roja ha flexibilizado las normas internas para atajar la crisis. Sin embargo, según las residentes, el trato hacia algunas inquilinas es mejor que hacia las demás, por lo que creen que sólo se trata de una estrategia para enfrentarlas.
«Nos sentimos como delincuentes»
La primera en sacar a la luz los problemas existentes en la Casa Malva fue una de sus antiguas residentes, Josefa Gómez, que denunciaba un «régimen penitenciario». Algo en lo que María, una de sus compañeras del centro, está de acuerdo. «Nos sentimos como delincuentes, tenemos cámaras de vigilancia dentro de la casa y debemos dar explicaciones a todas horas», cuenta esta
inquilina.
«Además, ni siquiera respetan nuestra intimidad. Los trabajadores del centro entran en nuestros apartamentos con la llave maestra cuando quieren, sin ni siquiera llamar al timbre. Han llegado a entrar incluso estando nosotras dentro», añade.
Por otro lado, está el tema de las comidas. Según cuenta María, «los apartamentos son estupendos y tienen unas cocinas perfectamente equipadas, que están sin estrenar». Y es que, tal y como han denunciado las residentes, sólo pueden preparar comidas en la cocina común de la Casa. «Cada día cocina una de nosotras para todos, los trabajadores incluidos». Una tarea, para la que tienen que emplear a fondo su imaginación, ya que la comida es escasa.
Las inquilinas no pueden hacer la compra así que tienen que subsistir como pueden. «Trabajo 14 horas diarias y el otro día volvía a casa y no tenía ni un trozo de jamón para comer», cuenta María.
Otra norma de la que se quejan es el hecho de tener que asistir obligatoriamente a los talleres.
«En teoría es algo optativo», explica María, «sin embargo, todos los domingos a las 11 de la mañana nos despiertan para ir a esas clases, que no sirven para nada y sobre las que nadie nos preguntó si nos interesaban».
Régimen espartano
En el Reglamento Interno se recoge que las mujeres residentes se comprometen a efectuar las gestiones administrativas y judiciales para la separación y denuncias correspondientes. Esta condición vuelve a aparecer en la prórroga del contrato de estancia en el centro, en la que se afirma que las mujeres acogidas deben iniciar «el procedimiento penal y civil de separación».
No se permiten visitas a la Casa. Los hijos mayores de edad tampoco pueden entrar en el centro. Por lo tanto, cuando reciben alguna visita tienen que ir a pasear por los alrededores del recinto.
Las mujeres pueden salir libremente, pero atendiendo a los horarios establecidos (hasta medianoche entre semana y hasta las dos de la madrugada los fines de semana).
En casos concretos, el equipo puede limitar el número de salidas de las residentes.
Aunque en las normas de la Casa se afirma que las actividades organizadas por el equipo de profesionales son optativas, las residentes afirman que son obligadas a asistir.
La normativa de la Casa recoge que la alimentación será sana y equilibrada. Sin embargo, las mujeres han denunciado la continua escasez de comida en el centro.
El incumplimiento reiterado de la normativa puede conllevar determinadas sanciones por parte del equipo de profesionales del centro.